Un total de 31 familias lojeñas se encuentran dentro del listado provisional de ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de su vivienda. Desde el pasado 11 de junio tienen un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de documentación. Cumpliendo los requisitos podrán optar a estas subvenciones que les facilitará la mejora de su hogar.
Las subvenciones para la rehabilitación de viviendas tienen por objeto el fomento de la mejora de edificaciones, ya sean unifamiliares, aisladas, agrupadas en fila o ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. Con ellas se contribuye desde la administración autonómica a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad. También se centran en potenciar la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Las personas que han solicitado estas ayudas deben de ser propietarias, o en su caso arrendatarias que acuerden costear las obras a cambio del pago de la renta. Los beneficiarios deben de tener unos ingresos en la unidad de convivencia de residentes inferiores a 5,50 veces el IPREM (Indicador Pública de Renta de Efectos Múltiples). Asimismo, no podrán haber obtenido una ayuda para la misma vivienda en los tres años anteriores.
La vivienda también debe de cumplir una serie de requisitos. Debe de ser el domicilio habitual y permanente de los propietarios o arrendatarios, no pueden estar calificados fuera de ordenación, la superficie útil no puede ser inferior a 36 m2, la obra debió de estar finalizada antes de 1996, debe de presentar condiciones de seguridad estructural y constructiva y no ser considerada infravivienda. Las obras a realizar tienen que contar con un informe técnico que acredite los requisitos y la necesidad de acometer las obras con fecha anterior a la solicitud de la subvención.
El importe de las subvenciones se dividen en los siguientes bloques: conservación, accesibilidad, accesibilidad y conservación y eficiencia energética. El importe máximo de subvención ronda los 30.000 euros y el inferior no baja de los 3.000. Se tiene en cuenta el grado de discapacidad, los ingresos, si se trata de una vivienda declarada de Bien de Interés Cultural y si se trata de jóvenes que viven en pequeños municipios.
