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Actualidad

El Gobierno local desestima asumir el cobro de tributos tras un estudio que avanza un coste superior a los 350.000 euros

Un Pleno extraordinario aprueba la renovación del convenio dentro del Servicio Provincial Tributario por cinco años y con las mismas condiciones al ver como no rentable hacerse cargo a nivel municipal

17/11/2022 | CARLOS MOLINA

Edificio que alberga la oficina del Servicio Provincial Tributario. FOTO: CORTO

Este pasado martes, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, convocó un pleno extraordinario de urgencia con un único punto en el orden del día sobre renovación o denuncia, total o parcial, del convenio para la delegación de la gestión tributaria y recaudatoria entre la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Loja, promovido por el teniente de alcalde delegado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica. Se trataba de la revocación del acuerdo de pleno del pasado 30 de septiembre, por el que el ayuntamiento denunciaba el convenio, evitando la renovación automática del mismo. Con ello, se afirmaba desde el gobierno local, se ganaba tiempo para estudiar un servicio que cuesta a los lojeños más de 300.000 euros. Esta medida fue criticada por la oposición que afirmó que se perdería la oficina del Servicio Provincial Tributario y por tanto un nuevo hito en el título de cabecera de comarca que debe de ejercer la localidad. 

En la sesión, el alcalde ha mostrado los estudios anunciados en su día por parte del tesorero municipal, corroborados por la Secretaría municipal. Los mismos informan que para que el Ayuntamiento asuma el servicio de recaudación tributaria, que es de su competencia, debería de aumentar su plantilla en 11 trabajadores más, entre los que se encontraría un técnico, nueve administrativos y un auxiliar. Además, y para asumir no solo la gestión voluntaria de tributos sino también la vía ejecutiva, se deberían de sumar otros 5 administrativos más. Esto supondría un coste 352.964 euros, con 11 nuevos empleados, aumentando en caso de llevar la vía ejecutiva con otros 5 administrativos más. 

El informe del tesorero reseña que para obtener información se ha contactado con otros ayuntamientos similares en habitantes que recudan sus tributos y tasas. Entre ellos se ha estudiado el funcionamiento en localidades como Almuñécar, Guadix y Armilla. Solo en el caso del Ayuntamiento de Armilla se gestiona las dos vías desde 1993 y el resto de ayuntamientos solo llevan la gestión voluntaria. Con esos patrones se observa que el coste para Loja de asumir el servicio sería superior que el coste que paga por la gestión cedida a la Diputación de Granada. 

Camacho, afirma siguiendo el informe técnico la decisión es la seguir manteniendo el convenio con la Diputación de Granada. El regidor cree que lo que se debía de hacer por responsabilidad es estudiar un ahorro de ese servicio pero que viendo los estudios no se observa ningún beneficio. “Es una función importante de un gestor buscar beneficiar a los ciudadanos y se consideró estudiar el acuerdo”, comenta Camacho insistiendo en que el 30 de septiembre no se tomaba una decisión sino que se daba plazo para hacer el estudio que ahora se presenta. “Teníamos claro que la decisión sería con responsabilidad basada en informes técnicos”, afirma. 

En cuanto a las críticas de la oposición estima que son “infundadas” al entender que se actúa de forma responsable. “Lo importante era estudiar la viabilidad del servicio para intentar ahorrarle al lojeño más de 300.000 euros”, afirma el regidor que entiende que lo cómodo hubiera sido renovar el servicio automáticamente. Para el primer edil lo único que ha hecho el gobierno es cumplir con sus funciones. Buy Swiss Perfect Fake Breitling, Cartier, Omega Watches - AAA CA Replica Watches Sale

El pleno aprobó la revocación del acuerdo del pleno del 30 de septiembre por lo que se estima que se renueva el convenio con la Diputación de Granad para el Servicio Provincial Tributario en las mismas condiciones y con un periodo de duración de 5 años. Camacho también anuncia que ha mantenido conversaciones telefónicas con el diputado de Economía y el propio presidente, para conseguir el compromiso de mantenimiento de la oficina de recaudación y para confirmar el mantenimiento del servicio. 

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