La Junta de Andalucía destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma. Esta es la principal previsión de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.
Loja recibirá en el marco de este programa unos 200.000 euros que irán destinados a reforzar el personal de Servicios Sociales. Además, obtendrá 6.000 euros para la elaboración del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que en el caso del municipio son la Alcazaba y la Alfaguara. Se trata de dos barrios en los que se registran situaciones de exclusión social y donde existen factores de riesgo de que se produzcan. Por ello, el programa pretende actuar en el contexto general del municipio a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión.
Estas semanas, los técnicos de todas las áreas municipales implicadas en este plan -Servicios Sociales, Medio Ambiente, Desarrollo, Urbanismo, Deportes y Salud, Mujer y Medios de Comunicación- están manteniendo reuniones para trazar las líneas de este documento que se desarrollará en los próximos tres años. Incluirá un diagnóstico de las zonas, las medidas para alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
El plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.
La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
